En el marco de la obligación del Estado Colombiano de realizar la consulta previa, libre e informada de todas las medidas administrativas y legislativas que afecten directamente a los pueblos y comunidades étnicas, el DNP incluyó, en esta oportunidad, un capítulo especial en el PND titulado “Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: Indígenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros, y Rrom”. Dicho capitulo tiene como eje fundamental un diagnóstico de la situación social, económica y política de lo que el DNP denomina “grupos étnicos” del país, del cual se desprende un conjunto de objetivos y estrategias que pretenden avanzar en la equidad de oportunidades para estos pueblos y comunidades.
El diagnóstico del DNP consiste fundamentalmente en un análisis de las brechas existentes entre los ciudadanos pertenecientes a los pueblos y comunidades étnicas y el resto de la población colombiana. Según las fuentes de información institucionales utilizadas por el DNP, en materia de pobreza, educación, salud, nutrición, cuidado en la primera infancia, seguridad alimentaria, vivienda, inclusión productiva, visibilidad estadística, victimización por el conflicto armado, entre otras, los ciudadanos de los pueblos y comunidades étnicas están peor con respecto al resto de los ciudadanos colombianos.
(Lea: Análisis completo del Plan Nacional de Desarrollo)
El hecho de que el diagnostico haya sido realizado unilateralmente por el DNP permite
entender las debilidades del mismo. En dicho capitulo no se identifican ni se analizan
profundamente las causas estructurales de las brechas presentadas, algunas de las cuales son: 1) la persistente y desproporcionada violación a los derechos humanos de los pueblos étnicos de Colombia; 2) las fuertes presiones de tipo económico, político y militar que sufren sus territorios debido a la minería, la agricultura de gran plantación, el tráfico de drogas, armas y personas, y las lógicas copamiento militar, entre otros fenómenos; y 3) la generalización de mecanismos autoritarios de exclusión, estigmatización y represión que buscan justificar la violencia ejercida contra estos pueblos y comunidades, y que van desde los ataques a sus procesos organizativos y de reivindicación de derechos (como por ejemplo catalogar de chantaje y extorsión a la consulta previa o reprimir violentamente sus movilizaciones) hasta el asesinato de sus líderes políticos (58 líderes sociales étnicos fueron asesinados en 2018).
(Lea: PND: No hay voluntad del Gobierno para dar cumplimiento a los acuerdos)
Tampoco se tuvieron en cuenta en esta oportunidad las experiencias anteriores de consulta, concertación y suscripción de acuerdos en el marco del PND. Eso explica la evidente falta de articulación entre los acuerdos suscritos en el marco de la consulta previa y los objetivos y estrategias del PND en materia étnica, la no inclusión en las estrategias del PND de todos los acuerdos acordados, la inexistencia de relación entre lo dispuesto en el PND y lo dispuesto en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz de la Habana, la no consulta de disposiciones incluidas en el PND que pueden afectar los derechos de los pueblos y comunidades étnicas, y la inexistencia de propuestas concretas de inversión especifica con enfoque diferencial para el cumplimiento de los acuerdos suscritos.
Frente a este último punto, y a pesar de los anuncios del DNP de asignaciones por valor de $10 billones para los pueblos indígenas y $19 billones para los pueblos Negros, Afros, Raizales y Palenqueros en el PND, lo cierto es que en materia étnica el PND no especifica ni las fuentes, ni las líneas específicas de inversión, ni la manera en la cual se va a garantizar financieramente el cumplimiento de los acuerdos suscritos. El capítulo étnico no aparece en el plan plurianual de inversiones del PND. El riesgo de todo lo anterior es que suceda lo que ya ha sucedido en los anteriores PND: el incumplimiento sustancial de lo pactado.
Estas consideraciones nos llevan a pensar que, al igual que en los PND anteriores, la dinámica de la consulta previa del PND consistió en suscribir acuerdos a la ligera por parte de las entidades del Estado colombiano, y sus funcionarios, pero sin la menor voluntad política de cumplirlos. En materia étnica existe una enorme brecha de implementación entre la normatividad y la realidad. Ejemplos de lo anterior son las ordenes de la Corte Constitucional, o las disposiciones de los decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 sobre medidas de asistencia, atención y reparación integral a las victimas étnicas, entre otras.
En Colombia estamos asistiendo a un lento proceso de etnocidio, es decir, de deliberada destrucción y exterminio de nuestras culturas ancestrales y étnicas. Tal y como lo define Clastres, a diferencia del genocidio, el cual remite a la voluntad de exterminar físicamente a una minoría racial, el etnocidio refiere a la idea de exterminar unas culturas, entendidas estas como unos modos de vida y pensamiento diferentes al del etnocida.
