Tras varias semanas de espera, el Ministerio de Hacienda radicó ayer el proyecto de ley de reforma, llamado ‘Solidaridad sostenible’, con el que plantea conseguir un recaudo de $23,4 billones, que vendrían principalmente de impuestos a personas naturales ($17 billones) y la ampliación del IVA ($7,3 billones), y tendría un enfoque social.
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Según presentó ayer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el documento final se hizo con base en conversaciones “internas” con congresistas, expertos y centros de estudios, con el fin de presentar un proyecto que tuviera la mayor aprobación posible.
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Por eso, según se observa, el monto del recaudo es menor de lo que se había expuesto en el foro de Anif, cuando se planteó unos ingresos tributarios superiores, de $26 billones.
En ese sentido, expresó Carrasquilla ayer, la reducción corresponde principalmente a una menor ampliación del IVA. Cabe recordar que en el foro de Anif, planteó entonces que el país solo recoge el 39% del potencial del IVA, y la expectativa era subirlo a 46%. Con el articulado final, ese número asciende a 43%.
En el caso de las personas naturales, que corresponde al 60,7% del total del recaudo, y sin hacer la deducción del dinero que va destinado a las regiones a través del Sistema General de Participaciones, el Gobierno cambió sus cálculos de ampliación de la base gravable a este segmento.
En ese punto, el Ministro manifestó que el cambio será gradual y que desde el 2022 se le empezará a cobrar el impuesto de renta a personas que ganen desde $4,1 millones mensuales, en el 2023 a aquellos que devengen $2,9 millones al mes y, en el 2024, a los que ganen desde $2,5 millones.
Eso difiere del planteamiento inicial, en el que indicaba que ese último grupo empezara a pagar renta desde el próximo año.
Otro paquete de medidas que incluirían a las personas naturales serían el impuesto solidario, el tributo al patrimonio y a los dividendos, con los que buscan también aumentar el recaudo. De acuerdo con el documento, el de patrimonio pasa a llamarse de la riqueza, no será permanente y contará con una vigencia de dos años (2022 y 2023).
En el caso del IVA, como ya se había anunciado previamente, no se gravarán los alimentos, pero sí se eliminará la categoría de exentos y se plantea ponerle a pagar el tributo a los servicios públicos de estratos altos.
Además de los puntos sobre el IVA y la renta, que ya habían sido discutidos, el articulado también concibe darle unas facultades especiales por seis meses al Gobierno para que pueda hacer control de gasto y ser más austero, así como una adición presupuestal por $11 billones que sería destinada a la extensión de los subsidios a la nómina y otros programas sociales.
Otra de las apuestas con la reforma es la sostenibilidad, a través de impuestos verdes, que incluyen la creación de la tasa al carbono, a los vehículos, a los plásticos y a los plaguicidas, con los que buscan contribuir al efecto ambiental de consumidores y empresas.
LAS REACCIONES
La presentación del proyecto de reforma tributaria despertó varias posiciones y críticas de parte de los diferentes sectores económicos. Por el lado de Andesco, el gremio de los servicios públicos, no sentó muy bien la propuesta de aplicar IVA a los estratos 4, 5 y 6.
“Nos parece muy complicado que no se haya socializado primero este tema”, cuestionó Camilo Sánchez, presidente de Andesco, y añadió que “se dice que por un lado se van a quitar las contribuciones de los estratos altos para ayudar a subsidiar a los bajos, y se va a poner IVA del 19%, y esto encarecerá el servicio, el estrato 4 no estaba en la contribución y va a ser el más perjudicado de todos”.
Sánchez sostuvo que “nunca habíamos tenido una reforma tan fuerte como esta”, y que era una oportunidad de hacer un cambio estructural con modificaciones de fondo para el estatuto tributario.
“El sector de servicios ha cumplido en la pandemia, los empresarios estamos dispuestos a ayudar y a conseguir recursos, pero nos parece peligroso que tengamos una colcha de retazos con la reforma. Hay que mirar el contexto, se va a poner un impuesto a las pensiones, salarios, patrimonio y muchas cosas que van a deterioro la posibilidad de reactivación. Deben cuantificar estos efectos”, afirmó el líder de Andesco.
Frente a la eliminación de la categoría de exentos, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), aseguró que “eso tiene una consecuencia inmediata y es que los costos de los productores de pollo, huevo, cerdo y leche pueden subir más de 5%, porque los IVA que pagan en insumos hoy en día ya no pueden ser descontables”.
Además, Bedoya expresó su preocupación porque se estarían sacando del régimen de excluidos insumos claves para productores del campo y los están llevando a una tarifa del 19%, como son los tractores, los costales, los sistemas de riego, las cosechadoras e incluso las cabuyas, y porque en el en el capítulo de los impuestos verdes se está generando un impoconsumo de 8% de los plaguicidas.
“Es una reforma que por la puerta de atrás encarece el costo de los alimentos y le hace daño a los productores del país”, puntualizó.
Michel Janna, presidente del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), dijo por su parte que “la reforma propuesta es pertinente”, y que es imperativo “recaudar más para evitar un desequilibrio macroeconómico serio y mejorar la red social. Sin embargo, la posibilidad de tributación de las personas formales se va agotando. Hay que ir por esos informales acaudalados”.
Según Janna, el gran reto para subir la tributación de personas naturales “es incluir en el radar de la Dian a aquellos pudientes que operan en la informalidad, transan solo en efectivo y nunca han pagado impuestos”.
El gremio de los plásticos también expresó su posición y aseguró que la propuesta de reforma trae consigo una serie de iniciativas que podrían tener un impacto considerable sobre los consumidores, por el impuesto a los plásticos de un solo uso, y cuestionó su aplicación en envolturas de productos como arroz, café, granos, azúcar, leche, queso, bebidas, galletas, snacks, papel higiénico, productos de limpieza, elementos de aseo y de tocador y los cosméticos, entre otros artículos.
Para Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, “resulta positivo el enfoque de economía circular en la no causación del impuesto a empaques y envases de plástico por parte de las empresas que demuestren resultados de reciclaje. Sin embargo, su aplicación quedaría condicionada a la discrecionalidad en la reglamentación por parte del gobierno, lo cual representa un riesgo alto”.
Otros sectores aún continúan cautos con la reforma. “Vamos a analizar detalladamente los efectos del proyecto de reforma tributaria sobre la política de Vivienda de Interés Social. Creemos en la necesidad que tiene el país de lograr una sostenibilidad fiscal, pero debemos garantizar que se preserve el acceso a la vivienda de los hogares del país como un objetivo nacional y los instrumentos tributarios que soportan ese propósito”, señaló Sandra Forero, presidenta de Camacol.
Por el lado de la Andi, Bruce Mac Master trinó: “publicado el proyecto de reforma tributaria, lo estudiaremos en detalle y haremos nuestros comentarios”, Portafolio consultó al gremio de los empresarios, pero al cierre de esta edición no tenían un pronunciamiento definitivo.
