Autores como Portuondo (2004) y Seoane (2011), señalan que la discapacidad no necesariamente es inherente a la persona que tiene una limitación o una característica que la hace diferente al resto, sino que ella nace del entorno físico y social, es decir que la persona tiene una discapacidad en el momento en que el entorno o las cuestiones socio-culturales la hacen explícita. Esta perspectiva busca diferenciarse del clásico concepto médico que señala a las PcD como individuos que guardan características físicas o mentales diferenciables al resto de la población.
El pacto por la inclusión propuesto en el PND (2018-2022) reconoce las debilidades institucionales y de política pública que dificultan la inclusión social, en particular educativa y productiva. No solamente se aborda la inclusión en términos de mejoras de la accesibilidad, sino que además reconoce la importancia de fortalecer el apoyo y el cuidado para la promoción de la vida independiente.
(Lea: Análisis completo del Plan Nacional de Desarrollo)
Según el Censo del Dane (2005) se estima que el 6,3% del total de la población del país, es decir 2.624.898 personas, presentan alguna discapacidad. Sin embargo, el Registro de Localización y Caracterización (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social reporta solo 1.418.065 personas con corte a septiembre de 2018, e incluso algunas encuestas como la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, estiman una población con discapacidad de 2.060.394 en el 2016. Esta diferencia en las estadísticas es uno de los principales puntos que pretende mejorar el pacto por la inclusión, reformando el registro para coordinar y optimizar la oferta institucional junto con el seguimiento a la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión social 2013-2022 (PPNDIS).
El Pacto busca implementar programas de educación orientados a la inclusión social y productiva, que permitan generar ingresos para las PcD, sus familias y personas cuidadoras. Así mismo plantea la creación del Plan Nacional de accesibilidad en entornos físicos (transporte) y digitales en zonas urbanas y rurales; adoptar las medidas para la garantía de los derechos y la capacidad jurídica de las PcD y fortalecer la oferta existente del Sistema de Cuidado.
ASPECTOS POSITIVOS
El pacto considera a las PcD como sujetos que deben participar activa e integralmente en la sociedad. La inclusión de las PcD no debe tener un carácter asistencialista, sino mecanismos que vinculen a las PcD al mercado laboral.
Se reconoce el papel fundamental que juega la educación, identificando el acceso restringido que tienen las PcD. Mejorar los índices educativos es una vía principal para lograr una verdadera inclusión. Sin embargo, ésta no es la única vía. A pesar un nivel educativo alto, muchas PcD continúan siendo excluidas del mercado laboral porque las empresas no están preparadas para recibirlas. Incluso, la misma ciudad representa un obstáculo. El documento plantea la búsqueda de estrategias que mitiguen varias de las limitaciones a las que se enfrentan las PcD.
Así mismo, se reconoce y exalta la importancia de las personas cuidadoras, y el desafío de que ellas puedan acceder a trabajos que permitan desarrollar sus actividades de cuidado.
ASPECTOS NEGATIVOS
El pacto por la inclusión no reconoce explícitamente que cada PcD es un mundo diferente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México identifica tres grandes categorías de discapacidad, físicas, sensoriales y mentales y cada una de ellas contiene otras desagregaciones. Las discapacidades tienen causas muy diversas, desde enfermedades de nacimiento o que se adquieren a través de diferentes edades, pasando por accidentes (incluyendo los laborales), hasta casos de violencia, en algunos casos derivados del conflicto armado.
El pacto debería poner en el centro a la PcD, puesto que buena parte de los programas que se desarrollan en el país terminan fracasando al no considerar la opinión y experiencia de las PcD. Es fundamental tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad al momento de desarrollar los planes.
El origen de la discapacidad también es importante. El tratamiento que requiere una persona que nace con una discapacidad, es totalmente diferente al que necesita una persona que la adquiere en el transcurso de su vida. En el primer caso, los primeros años son cruciales para aprender a manejar su discapacidad, pero después es más probable que se logre una normalidad. En el segundo caso, repentinamente la persona debe enfrentarse a una limitación que alterará su cotidianidad. De hecho, dos personas con la misma limitación, pueden requerir ayudas completamente diferentes dado los factores externos a los que se han enfrentado, sus personalidades, sus contextos, etc.
Es claro que hay una limitante de recursos y que lo más fácil es aplicar normas generales que aparentemente ayuden a la mayoría de la población objetivo, pero este es un principio que dada la complejidad debería restringirse al máximo.
FALTANTES
Aunque el Pacto por la inclusión precisa cuestiones del entorno, no menciona la promoción de una cultura de integración para las PcD que vincule al conjunto de la sociedad. Es necesario desarrollar un plan de acción que enseñe a todas las personas cómo tratar a otros que son diferentes. Las PcD no necesitan un trato derivado de la lástima, sino un trato igualitario a pesar de las diferencias. En este sentido, el reconocimiento y el respeto son fundamentales. No son precisamente los cruces de bases de datos, ni la focalización lo que mejorará los procesos de inclusión, son las PcD las que deben ser tenidas en cuenta para lograr una inclusión efectiva.
Luisa Fernanda Tovar
Manuel Gustavo Vergara Murillo
Universidad Nacional de Colombia
